martes, 12 de mayo de 2015

La criminalización de las semillas campesinas – resistencias y luchas

 

La Via Campesina

Foto: Tineke d'Haese/OxfamFoto: Tineke d'Haese/Oxfam









Introducción
Las semillas constituyen uno de los pilares irremplazables de la producción de alimentos. Las/os agricultoras/es de todo el mundo son muy conscientes de ello desde hace siglos. Se trata de un acuerdo universal y básico que todas/os las/os agricultoras/es comparten. Salvo en aquellos casos en los que han sufrido agresiones externas o circunstancias extremas, prácticamente todas las comunidades agrícolas saben guardar, conservar y compartir las semillas. Millones de familias y de comunidades agrícolas han trabajado para crear cientos de cultivos y miles de variedades de cultivos. El intercambio habitual de semillas entre las comunidades y los pueblos ha permitido que los cultivos se adapten a diferentes condiciones, climas y topografías. Esto es lo que ha permitido que la agricultura se extienda, crezca y alimente al mundo con una dieta variada.
Sin embargo, las semillas también han sido la base de procesos productivos, sociales y culturales que han dotado a las poblaciones rurales de una habilidad obstinada para mantener cierto grado de autonomía y negarse a ser completamente controladas por las grandes empresas y el gran capital. Desde el punto de vista de los intereses de las empresas que se esfuerzan por tomar el control de la tierra, de la agricultura, de la alimentación y el gran mercado que representan, esta independencia supone un obstáculo.
Desde la Revolución verde, las empresas han desplegado una serie de estrategias para lograr este control: la investigación agrícola y los programas de expansión, el desarrollo de cadenas mundiales de materias primas y la ampliación masiva tanto de la agricultura de exportación como del agronegocio. La mayoría de las/os agricultoras/es y pueblos indígenas han resistido a esta apropiación y continúan haciéndolo de maneras diferentes.


El sector empresarial intenta actualmente erradicar esta rebelión a través de una ofensiva legal de escala mundial. Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio, y prácticamente sin excepción, todos los países del mundo han aprobado leyes que permiten a las empresas ser propietarias de diferentes formas de vida: ya sea a través de patentes o de los llamados derechos de obtentor o leyes de protección de obtenciones vegetales, ya es posible privatizar microorganismos, genes, células, plantas semillas y animales. En todo el mundo ha habido movimientos sociales, especialmente organizaciones agrícolas y campesinas, que han resistido y se han movilizado para evitar que estas leyes fueran aprobadas. La resistencia continúa en muchas partes del mundo e incluso cuenta ya con algunas victorias. Para reforzar este movimiento, es muy importante que el mayor número posible de personas, especialmente en los pueblos y las comunidades rurales más afectadas, comprendan estas leyes además de su incidencia y objetivos y la capacidad que tienen los movimientos sociales de reemplazarlas por leyes que protejan los derechos campesinos.
Las leyes sobre semillas que promueve la industria se caracterizan actualmente de la siguiente manera:
a) Evolucionan constantemente y son cada vez más agresivas. A través de nuevas olas de presión política y económica (especialmente a través de los llamados tratados de libre comercio, los tratados de inversión bilaterales y las iniciativas de integración regional) todas las formas «suaves» de los derechos de propriedad sobre las semillas han sido endurecidas y continúan siendo cada vez más restrictivas y a un ritmo cada vez mayor. Las leyes sobre semillas y la protección de obtenciones vegetales son revisadas continuamente para ser adaptadas a las nuevas exigencias de la industria semillera y la biotecnología.
b) Las leyes que ceden derechos de propriedad sobre las semillas se han visto reforzadas por otras normativas que se supone deben garantizar la calidad de las semillas y la transparencia del mercado además de evitar falsificaciones, entre otras. Estas otras normativas incluyen la certificación de semillas, la comercialización y las normas sanitarias. Con ellas, empieza a ser obligatorio que, por ejemplo, las/os agricultoras/es adquieran o utilicen únicamente semillas comerciales adaptadas a la agricultura industrial, o que suponga un delito entregarle semillas a tu hija/o o intercambiarlas con un/a vecino/a. El resultado es que las ferias e intercambios de semillas (que son una creciente forma de resistir a estas leyes) comienzan a ser ilegales cada vez en más países.
c) Al reforzar la privatización, estas leyes ignoran los principios básicos de justicia y libertad y violan de manera directa la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las leyes sobre semillas han impuesto como norma asumir la culpabilidad de cualquier persona que sea acusada de no respetar los derechos de propriedad sobre las semillas, tirando por la borda el principio de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En algunos casos, se pueden tomar medidas contra el/la infractor/a acusado/a sin que se le comuniquen los cargos. Estas leyes sobre semillas están logrando que incluso sea obligatorio denunciar a las/os presuntas/os cómplices, legalizando por tanto los registros y la incautación de semillas ante una mera sospecha (incluso sin que sea necesaria una orden judicial) y permitiendo que sean agencias privadas quienes lleven a cabo estos controles.
d) Estas normativas son redactadas de manera imprecisa y con un lenguaje incomprensible y contradictorio, dejando demasiado margen para su interpretación. En la mayoría de los casos, las leyes pasan por las cámaras legislativas en secreto o a través de acuerdos internacionales que no se pueden debatir a escala nacional ni local.
La experiencia demuestra que cuando la falta de información y el secretismo para impulsar dichas leyes es contrarrestada por las campañas de información y la movilización de organizaciones sociales, la gente no quiere estas leyes. La mayoría de las personas rechazan la idea de que una empresa pueda apropiarse de una variedad vegetal y prohibir a las/os agricultoras/es que reproduzcan sus propias semillas. Se trata de algo completamente absurdo. La gente por lo general tampoco suele estar de acuerdo con que el trabajo que hacen las/os agricultoras/es para alimentar el mundo deba, de pronto, pasar a constituir un delito. Cuando la resistencia ha sido lo suficientemente fuerte, se ha logrado parar el expolio jurídico que estas leyes pretenden conseguir.
La experiencia demuestra así mismo que quienes pretenden privatizar, monopolizar y controlar las semillas en nombre de las grandes empresas multinacionales no tienen límites. No existe la posibilidad de negociar, hacer concesiones o alcanzar acuerdos mutuos de manera que puedan coexistir de manera pacífica los diferentes intereses. La agenda de las empresas consiste en que resulte imposible para las/os agricultoras/es tener semillas y por tanto que sean dependientes de las semillas que han comprado.
De igual forma, la experiencia nos muestra que es posible resistir y desmantelar estos ataques. Sin embargo, esto requiere de herramientas de información y socialización que permitan disipar el humo de falsas promesas y palabras bonitas, con el fin de que la gente realmente vea lo que se esconde tras las leyes sobre semillas. Este cuaderno quiere ayudar a que este trabajo sea posible.
1. Las leyes sobre semillas ilegalizan a las/os agricultoras/es
El desplazamiento de las semillas campesinas constituye un proceso que ha ido ganando terreno y velocidad en todo el mundo durante las últimas décadas. En el siglo XX, cuando el cultivo de plantas y la producción de semillas pasaron a conformar actividades separadas de la agricultura, las variedades campesinas fueron poco a poco reemplazadas por las variedades industriales. En Europa y América del Norte, este proceso tuvo lugar a lo largo de varias décadas y fue impulsado por nuevas tecnologías como el desarrollo de los híbridos. En Asia, África y América Latina, comenzó después de los años 60, cuando los llamados programas de desarrollo impulsaron los cultivos «de alto rendimiento» y el uso de insumos químicos (la denominada Revolución verde). En los últimos veinte años estamos siendo testigos de una situación nueva, en la que se está desatando una agresiva ola de leyes sobre semillas, a menudo en nombre del «libre comercio», con el fin de paralizar casi todas las actividades que llevan a cabo las/os agricultoras/es con sus semillas.



Las/os agricultoras/es que producen e intercambian sus propias semillas dentro de su propia comunidad o con las comunidades vecinas no necesitan leyes que gobiernen su producción o intercambio. Los derechos colectivos para utilizar las semillas comunitarias suelen ser orales y están establecidos y se respetan lo suficiente dentro de cada comunidad como para regular su uso. Sin embargo, una vez que las semillas son comercializadas a gran escala por las empresas que las producen con métodos y en lugares desconocidos, a menudo traspasando las fronteras nacionales, las leyes pasan a ser necesarias para combatir el fraude, la falsificación, las semillas de mala calidad que no germinan o que transmiten enfermedades y los transgénicos. También resultan necesarias para proteger las semillas locales y los sistemas sociales y culturales que garantizan la supervivencia de los sistemas de producción alimentaria escogidos por las poblaciones. Estas leyes, que están destinadas a la «prevención del fraude comercial» y la protección de la soberanía alimentaria, representan una conquista del campo. Desgraciadamente, una vez que la presión de las movilizaciones populares y agrícolas se debilita, la mayoría de estas leyes son reescritas por la industria con el fin de fomentar sus propias semillas «mejoradas» y para prohibir las semillas campesinas. La expresión «Leyes sobre semillas» a menudo remite a las normativas sobre propriedad intelectual tales como las leyes sobre patentes o la legislación sobre la protección de las obtenciones vegetales, incluidas las que regulan el comercio y la inversión, las normativas relacionadas con la salubridad de las plantas, la certificación de las denominadas «buenas prácticas agrícolas» relacionadas con la comercialización, o las también denominadas normativas sobre bioseguridad (véase el cuadro 3). En su conjunto, estas leyes a menudo conllevan que las semillas campesinas sean decretadas como ilegales, catalogadas como inadecuadas y tratadas como una fuente de riesgo a eliminar.
Estas nuevas leyes sobre semillas reflejan el creciente poder de la industria alimentaria y agrícola. Hasta la década de los años 70, se desarrollaron y distribuyeron nuevos tipos de variedades de cultivo por parte de las empresas estatales, los pequeños establecimientos de semillas y los organismos públicos de investigación. Desde entonces, hemos sido testigos de un proceso masivo en el que las grandes empresas han tomado las pequeñas y en el que los programas públicos han dejado paso al sector privado. En estos momentos, solo 10 empresas representan el 55% del mercado mundial de semillas. Y el poder de los lobbies de estos gigantes (como Monsanto, Dow o Syngenta) es muy grande. El resultado es que han logrado imponer medidas restrictivas que les facilitan un control monopólico.
Los acuerdos de comercio e inversión son el arma elegida para imponer las leyes de semillas allí donde no existen o para crear nuevas legislaciones que sean más favorables a las empresas multinacionales. El objetivo final está claro: evitar que las/os agricultoras/es preserven las semillas y en su lugar compren en el mercado las semillas de las empresas. En este proceso, se logra que los gobiernos abandonen el cultivo de plantas y la producción de semillas. En África, las semillas campesinas representan entre el 80% y el 90% de cada plantación estacional. En Asia y en Latinoamérica, representan entre el 70% y el 80%. Por lo tanto, desde el punto de vista del Director de un agronegocio, aún hay un gran mercado por crear y conquistar. Incluso en Europa, donde las semillas industriales ya dominan la agricultura, las empresas continúan presionando para que se apliquen de manera más estricta las normativas existentes y así eliminar los focos de resistencia y restringir la capacidad de las/os agricultoras/es para reutilizar las semillas. Mientras que resulta cierto que no todas las leyes se aplican, cuando sí lo son, el resultado ha sido muy represivo: se han confiscado y destruido semillas campesinas; hay agricultoras/es que han sido vigiladas/os y algunas/os de ellas/os se enfrentan a acusaciones de delitos criminales y penas de prisión por el mero hecho por continuar trabajando dentro de sus sistemas campesinos y utilizar sus propias semillas.
Al mismo tiempo, vemos que en casi todos los lugares se está respondiendo al poder de la industria.

Estas respuestas se expresan de muchas formas diferentes e incluyen organizarse y crear movilizaciones masivas, hacer frente a la publicidad falsa que afirma que estas leyes sobre semillas son necesarias o que responden a los intereses de la población, la intervención mediática, la educación en los centros de enseñanza y en los lugares de culto, el teatro callejero, la desobediencia civil para desafiar las leyes injustas y lo más importante, el trabajo diario de continuar desarrollando sistemas de agricultura campesina y de pequeña escala. Estos sistemas incluyen no solo las semillas y plantas nativas o locales sino también la tierra, los territorios de las culturas y modos de vida de las poblaciones rurales. La experiencia demuestra que cuando este poder de oposición que defiende las semillas campesinas es fuerte, otras formas de protesta ya sea en los tribunales o en los parlamentos pueden suspender o cuestionar las leyes negativas. Dado el poder y los intereses que están en juego, la lucha contra las leyes sobre semillas no logra el éxito en una sola batalla. Por el contrario, se trata de una pelea continua para defender la agricultura campesina y la soberanía alimentaria en su conjunto.

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